La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) publicó un informe sobre la inclusión del enfoque basado en derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros con el objetivo de ejecutar actividades económicas respetuosas de la dignidad intrínseca de la persona humana y su bienestar integral.
«El enfoque de derechos humanos tiene además como propósito identificar y evaluar las desigualdades que subyacen en los problemas del desarrollo y proporcionar respuestas para superar dichas inequidades», precisa el documento.
Los responsables del estudio concluyeron que los siguientes puntos, bajo las perspectiva de los derechos humanos, son fundamentales para un proceso de evaluación de impacto ambiental con énfasis en el sector minero:
- Integra de manera congruente y sistemática los principales principios y estándares de Derechos Humanos.
- Se centra en los derechos, no en las necesidades.
- Presta debida atención a la evaluación, tanto de los resultados como de los procesos guiados por los estándares y principios de derechos humanos.
- Focaliza la atención en los grupos más vulnerables, por variables tales como edad, etnia, género, de modo de velar por la realización de los derechos de las personas excluidas y marginadas.
- Respeta y fortalece la participación, en cuanto medio y fin en sí misma, de todos los actores y fomenta el empoderamiento local considerando a las personas como actores clave en su propio desarrollo.
- Considera las particularidades de una comunidad y de los territorios.
- Refuerza la transparencia, la información, la comunicación efectiva entre las partes interesadas y la rendición de cuentas.
- Apunta a alcanzar resultados sostenidos y no regresivos apoyándose en el fortalecimiento de las capacidades, la mejora de la cohesión social y las alianzas estratégicas y la institucionalización de los procesos democráticos.
Recomendaciones para las empresas
A partir de los estándares internacionales y nacionales, la FIO formuló los siguientes consejos para reforzar el papel de las empresas:
- Respeto a los derechos humanos: adoptar una política empresarial que respete los derechos humanos en todo el ciclo de los proyectos en la relación con las comunidades interesadas.
- Debida diligencia: aplicar una debida diligencia a los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental, a fin de procurar la participación de los interesados y adoptar medidas que resguarden el derecho al medio ambiente sano y los derechos humanos.
- Recursos: disponer de los recursos técnicos, financieros y logísticos suficientes y un equipo interdisciplinario que incluya expertos calificados, competentes en derechos humanos y con conocimiento de la realidad local, durante todo el ciclo del proyecto sujeto a evaluación de impacto ambiental.
- Transparencia y rendición de cuentas: elaborar y publicar periódicamente reportes de cumplimiento, incluidos los desarrollados por expertos independientes.
- Proceso de quejas: contar con mecanismos públicos y eficientes para recibir, investigar y abordar quejas sobre vulneraciones al medio ambiente y a los derechos humanos.
- Instrumentos de emergencia: contar con instrumentos de emergencia a efectos de controlar y atenuar eventuales daños graves al medio ambiente y a los derechos humanos provocados en el desarrollo de sus operaciones, así como con sistemas de alerta a las autoridades y a la población, que permitan una acción rápida y eficiente.
- Reparación del daño: contar con los recursos y los mecanismos adecuados para atender de manera oportuna el daño causado al medio ambiente y a las comunidades durante el desarrollo de los proyectos.
- Iniciativas voluntarias: adherir a iniciativas o instrumentos que promueven principios y estándares de derechos humanos.
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