En el contexto de la segunda vuelta electoral programada para el 7 de junio, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) evaluó las propuestas de los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú sobre minería ilegal, concluyendo que ambas presentan enfoques distintos pero insuficientes frente a esta problemática. La minería ilegal constituye la mayor economía ilícita del Perú, generando severos daños ambientales y a la salud humana, además de estar vinculada a redes de crimen organizado, trata de personas, corrupción y violencia que se ha incrementado progresivamente.
Los especialistas del OMI determinan que el desafío central del próximo gobierno no radica en prolongar regímenes transitorios de formalización ni crear nuevos mecanismos cambiando nomenclaturas al actual REINFO, sino en recuperar la capacidad estatal de gobernanza sobre la cadena de valor del oro, desde la extracción hasta el comprador final.
Vacíos en propuestas partidarias sobre formalización minera
César Ipenza, vocero legal del OMI, señaló que «ninguno de los dos partidos propone medidas que eliminen el REINFO, lo que nos muestra de alguna manera es una apuesta a seguir facilitando la impunidad lo que queda de este año y que seguramente podría ser ampliado, como ha venido sucediendo en los últimos 20 años».
El vocero legal indicó que para ambos casos no existe una estrategia integral que combine formalización efectiva con plazos de cierre como vía extraordinaria, control territorial real con presencia de policía y fuerzas armadas, y fiscalización sostenida a medianos o grandes mineros que se presentan bajo la figura de pequeños productores. Adicionalmente, el especialista destacó la necesidad de sincerar el sistema para distinguir a verdaderos pequeños mineros de aquellos medianos o grandes que utilizan regímenes excepcionales para evadir control estatal.
Diez propuestas para los primeros cien días de gestión
El OMI presentó un decálogo de propuestas prioritarias orientadas a recuperar la capacidad de control estatal, fortalecer la lucha contra la minería ilegal y avanzar hacia un proceso de formalización efectivo. Entre las medidas destacan:
Cierre definitivo del REINFO y diseño de nuevo régimen MAPE: Implementar en los primeros 100 días un sistema temporal con metas verificables, trazabilidad obligatoria, estándares ambientales mínimos y salida automática por incumplimiento, eliminando la impunidad conforme ordenó el Tribunal Constitucional.
Control de plantas de beneficio: Remitir propuesta ejecutiva dentro de los primeros 100 días para que estas instalaciones no sean consideradas pequeña minería, implementando monitoreo digital de producción, declaración de insumos, fiscalización tributaria y ambiental, además de trazabilidad del mineral recibido.
Asignación presupuestal extraordinaria: Destinar recursos al Ministerio Público, Policía Nacional y Marina de Guerra, considerando que el programa presupuestal 0128 «Reducción de la minería ilegal» asigna cero soles al Ministerio Público.
Aplicación del principio de responsabilidad: Establecer responsabilidad penal, administrativa y civil para operadores que causen daño ambiental, eliminando la exención de responsabilidad de mineros inscritos en el REINFO conforme ordenó el Tribunal Constitucional en abril de 2025.
Medidas anticorrupción en el sector: Implementar urgentemente en la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas medidas de lucha contra la corrupción e ISO Antisoborno.
Eliminación progresiva del mercurio: Presentar al Congreso iniciativa legislativa para eliminar el uso de mercurio en minería artesanal y de pequeña escala, proponiendo prohibición total al 2030, además de aprobar el Plan de Acción Nacional sobre mercurio en línea con el Convenio de Minamata.
Operativización del SIPMMA: Poner en funcionamiento el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal como plataforma obligatoria para trazabilidad de insumos y mineral, monitoreo ambiental, control tributario y verificación de producción, pendiente desde 2024.
Transferencia de expedientes de formalización: Ejercer el rol de gobierno nacional unitario asumiendo la formalización minera y exigiendo que gobiernos regionales transfieran el acervo documentario de expedientes en proceso.
Prohibición de concesiones en ríos amazónicos: Aprobar decreto supremo en los primeros 100 días que prohíba el otorgamiento de concesiones mineras en cualquier río amazónico, mecanismo utilizado para operar en impunidad pese a la prohibición de actividad minera sobre cuerpos de agua.
Necesidad de cooperación interinstitucional
El OMI señala que será fundamental la cooperación con diversos actores de sociedad civil y cooperación internacional para abordar esta problemática de forma articulada, además de considerar mecanismos de lucha contra la corrupción institucionalizada que permitan implementar un control efectivo del territorio y protección de ecosistemas amazónicos.
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