El transporte de explosivos es una actividad altamente regulada debido a los riesgos asociados. Según el documento «Storage, transportation and handling of explosives in mine action» elaborado por las Naciones Unidas, existen normas internacionales específicas para el transporte de mercancías peligrosas por aire, mar y tierra. En el contexto de la acción contra minas, se debe referenciar la norma IATG 08.10, que trata sobre el transporte de municiones, para todas las actividades relacionadas con el traslado de explosivos de demolición. Es fundamental que cualquier traslado de estos materiales siga las directrices de seguridad estipuladas en la cláusula 4.3 de dicha norma.
Cuando no hay una reglamentación nacional específica para el transporte de explosivos por carretera, las autoridades pueden utilizar el Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) como guía para elaborar directrices nacionales. Aunque el ADR no aborde específicamente el transporte de explosivos de demolición (EO), proporciona un marco útil para que las organizaciones de acción contra minas redacten Normas Nacionales de Acción contra Minas (NMAS) y procedimientos operativos estándar (SOP).
Para cumplir con los criterios de clasificación de peligros de las Naciones Unidas y asegurar que las municiones y explosivos de demolición sean seguros para el transporte, estos deben embalarse en su paquete de servicio completo (FSP). Una vez fuera de su FSP, el código de clasificación de peligros de la ONU (HCC) deja de aplicarse. El HCC se asigna tras una serie de pruebas rigurosas y solo es válido para el artículo específico embalado en la configuración probada.
Los vehículos utilizados para el transporte de explosivos deben ser aptos para este propósito y contar con la aprobación adecuada. Solo se permite el transporte de combustible en el depósito del vehículo o en compartimentos externos específicos. Es crucial que no se transporten combustibles en otros recipientes dentro del mismo vehículo, y lo mismo aplica a los aceites y lubricantes.
Las organizaciones deben establecer y mantener procedimientos operativos estándar basados en las directrices de las IATG 09.10 y 08.10, así como en cualquier normativa nacional e internacional vigente. Estos procedimientos deben incluir medidas para garantizar la seguridad de los explosivos, como el uso de lonas fijadas al vehículo, la limpieza de materiales inflamables, y el transporte conforme a las instrucciones del fabricante. Además, el personal involucrado debe tener la competencia requerida en desactivación de artefactos explosivos (EOD) y usar materiales de embalaje adecuados.
Las rutas de transporte deben planificarse con antelación y tratarse de manera confidencial. Es necesario modificar y revisar periódicamente los procedimientos para el tráfico regular entre dos ubicaciones. También es importante que las autoridades locales comprendan las actividades rutinarias y las zonas de traslado de explosivos para una mejor planificación de emergencias.
Un principio general de seguridad establece que las municiones y armas deben transportarse por separado mientras el vehículo esté en movimiento. Se debe realizar una evaluación de riesgos durante la planificación del traslado de explosivos para minimizar los riesgos de explosiones no planificadas, considerando factores como la hora del día, las rutas para minimizar la exposición a la población, el tipo de vehículos, y la presencia de equipo de emergencia.
Finalmente, los conductores de vehículos que transporten municiones y explosivos deben cumplir con la legislación del país anfitrión y estar acompañados siempre por un copiloto. Ambos deben estar formados en el manejo y transporte seguro de estos materiales. No se debe transportar pasajeros con explosivos, y si es necesario, se debe designar a un miembro del equipo como responsable de su seguridad.
Para cada vehículo de transporte, es obligatorio llevar un equipo mínimo que incluye señales de advertencia, calzos para las ruedas, equipo de protección personal, y herramientas básicas, conforme a las regulaciones nacionales del país anfitrión y las directrices internacionales.
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