[Entrevista] En cada región peruana las carencias sociales y económicas se han desnudado. La pandemia por el COVID-19 ha acelarado la necesidad de la confluencia de puntos de vista para una acción concertada que construya un país con bienestar para su población. En ese contexto, el sector minero se ha planteado poner sobre la mesa de discusión aquellos temas que permitan elevar su competitividad y del Perú. Sobre algunos de esos aspectos, SEGURIDAD MINERA entrevistó al ingenerio Víctor Gobitz Colchado, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y del I Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social, a realizarse de manera virtual del 12 al 16 octubre.
El Perú tiene un reconocido potencial geológico, ¿cómo el marco institucional del Estado podría aprovechar esa potencialidad?
El Perú cuenta con un gran potencial geológico que deberíamos aprovechar para impulsar el desarrollo del país y alcanzar el bienestar de la sociedad. Para ello es importante obtener una visión y el compromiso compartido por todos los estamentos del Estado: Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobiernos Locales, acerca del Plan de Desarrollo Sostenible de todo el territorio. La visión a largo plazo es una tarea pendiente en el país y en la cual deberíamos trabajar todos en conjunto para tener un mismo norte.
Desde hace décadas se habla de la brecha de infraestructura que limita el desarrollo de algún proyecto minero, ¿cómo avanzar en el cierre de esa brecha?
En efecto, el déficit de infraestructura que tiene el país no es un tema nuevo, sino que es muy conocido por todos nosotros, en particular por quienes transitamos en el ambiente minero y que debemos hacer grandes esfuerzos para viabilizar los proyectos en zonas alejadas de las ciudades. Sin embargo, la reducción de las brechas de infraestructura debe abordarse de una manera técnica y un avance de ello se ha dado con la aprobación del Plan Nacional de Infraestructura en el 2019. Sin embargo, dicho plan tiene que enlazarse con los planes de desarrollo territorial y, a su vez, con el plan de desarrollo del portafolio de proyectos mineros.
La denominada tramitología es otro punto débil de la realidad nacional. ¿A qué se debe el incumplimiento de plazos establecidos por ley en materia de trámites?
Es un problema que aún no se aborda con el debido compromiso. No dudamos de la buena fe de los altos funcionarios del Estado que aprueban dispositivos orientados a simplificar o eliminar los trámites que se han acumulado inexplicablemente en el tiempo. Lo que hace falta para avanzar en el objetivo de facilitar las inversiones y la mejora de la competitividad, es una visión compartida a nivel de las diversas instancias del Gobierno Central y el avance en aspectos concretos.
Existen casos en que los acuerdos entre empresas mineras y organizaciones sociales se han incumplido. ¿Cuánto influye el factor político en esa situación?
Lo que debe evitarse es la prevalencia de liderazgos locales basados en caudillismos e intereses políticos cortoplacistas. Este tipo de actitudes terminan erosionando acuerdos basados en compromisos de largo plazo. En ese sentido, es importante trabajar en el alineamiento de los intereses de los actores y esforzarse en cumplir una agenda que tiene detrás una visión de progreso sostenido.
La atención de necesidades básicas insatisfechas de la población del entorno de las operaciones es una problemática constante, ¿cuál es el pael de las empresas mineras?
No hay que confundir los roles. Las empresas mineras desarrollan las operaciones, crean empleos de calidad y generar ingresos para los trabajadores, así como para el Estado, a través del pago de tributos, canon y regalias. Así mismo, impulsan otros sectores económicos, como la construcción, el comercio, transporte y alojamiento, entre otros.
Sin embargo, dentro de la política de responsabilidad social, todas las empresas mineras desarrollan una diversidad de proyectos y actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades de su entorno. Y corresponde al Estado trabajar para la reducción del déficit de infraestructura y la mejora de la competitividad territorial. Los modelos filantrópicos de atacar la pobreza no son factibles ni aconsejables, salvo en coyunturas extremas, como es el caso actual de la pandemia del COVID-19.
Precisamente, el surgimiento de la pandemia por COVID-19 ha puesto en jaque la economía del país, ¿cuánto ha afectado la competitividad minera?
Hay que recordar que la competitividad minera se basa en atributos principalmente de mediano y largo plazo; mientras que la pandemia es un problema muy serio, pero de corto plazo. En ese sentido, a pesar de su gravedad, el COVID-19 no debería haber afectado en forma significativa la competitividad del país.
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