La Compañía Minera Poderosa publicó un comunicado de prensa señalando que, el pasado martes 24 de septiembre, aproximadamente a las 16:40 horas, un grupo de delincuentes armados atacó a una patrulla de la empresa Huayna SAC en el nivel 2820 del proyecto minero. El ataque, ejecutado con armas de fuego y explosivos, resultó en el trágico asesinato de un agente de seguridad y lesiones graves a otro debido a la inhalación de gases tóxicos liberados durante el incidente.
La situación de emergencia -continúa el comunicado- se extendió hasta las 00:37 horas del 25 de septiembre, momento en el cual el personal de seguridad patrimonial de Poderosa, junto con las fuerzas especiales de la DINOES, lograron retomar el control del área y repeler a los atacantes.
La Compañía Minera Poderosa expresó su lamento por la pérdida de un valioso trabajador de Huayna SAC y extendió sus más sinceras condolencias a los familiares, ofreciendo todo su apoyo para afrontar este difícil momento. Además, comparte su pesar a toda la comunidad de colaboradores de Poderosa por esta irreparable pérdida.
A pesar de la significativa presencia policial en la región de Pataz, los ataques no han cesado. En respuesta, Poderosa reitera su urgente llamado al Estado peruano, incluyendo al Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y las autoridades del Gobierno Regional, para que intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra la criminalidad y la minería ilegal, ahora principal economía ilícita del país.
La empresa señala que este espiral de violencia es consecuencia del crecimiento exponencial de la minería ilegal, en connivencia con el crimen organizado, operando con impunidad y bajo la protección del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera). Poderosa insta al Congreso a no extender el REINFO, próximo a vencer, para evitar seguir fomentando estas actividades ilegales con sus devastadoras consecuencias.
La compañía concluye el comunicado haciendo un llamado al Ejecutivo para implementar medidas inmediatas que permitan una mayor supervisión y control de las plantas procesadoras que reciben mineral de origen ilícito, buscando con esto frenar la escalada de violencia y criminalidad que afecta gravemente a la región y a la industria minera legal.
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