Violencia social y su impacto en la salud mental de los trabajadores mineros

Escrito por José Valle, jefe SSOMAC ISEM

En el Perú la violencia social se suma a la historia de pobreza, marginación y exclusión de nuestra sociedad, incluyendo varias y diversas manifestaciones de violencia que se expresan en una sociedad, incluyendo violencias de tipo estructural, simbólica y funcional, así como amplios sectores de las poblaciones afectadas sufren alguna secuela de salud mental (1).  

La afectación emocional en las personas, sin embargo, no solo ocurre de modo emergente en diferentes partes del mundo, sobre la base de crisis sociales, económicas y políticas coyunturales sino sobre las tendencias del desarrollo social e histórico de regiones completas, como ocurre con los países de América Latina.

Varios eventos de violencia social que se han basado en la confrontación de violencia social física en conflictos sociales y políticos han motivado varios estudios (2), e indudablemente este perfil de acontecimientos se suma o potencia la violencia como parte de la experiencia social y familiar puede estar presente en los antecedentes y vivencias de la población peruana.

En estas condiciones se revela la conflictividad social de modo especial como determinante del escenario político y económico regional. Este es el caso de la actividad minera en el Perú y la conflictividad social y ambiental, presente en los últimos 70 años.

En nuestro medio, el abordaje social y ambiental de los conflictos pocas veces ha incluido la dimensión de la salud mental tanto de las comunidades, como de la población que labora en las unidades mineras y que, por la evolución sociodemográfica de la población laboral minera, así como de la evolución del proceso tecnológico en minería, procede en las últimas décadas, de regiones urbanas y distantes a las unidades mineras.

La salud mental del trabajador en este sentido ha sido reconocida no solo como ausencia de enfermedad (3), y una interpretación amplia de su concepto involucra calidad de vida emocional, permitiendo a las personas alcanzar su potencial, para lidiar con las tensiones normales de la vida, para trabajar productivamente, y para contribuir a sus comunidades (4).

Uno de los problemas de salud mental que no solo está presente en la población minera, pero ha sido descrita en varios estudios es la alta prevalencia de ansiedad en los trabajadores mineros la cual entre otros factores internos presenta determinantes sociales de alejamiento de la familia, regiones geográficas de grandes altitudes, entre otros (5). Por otro lado, el estrés en esta población también se ha descrito como alta, como fue el resultado de un estudio en el cual se describe en comparación con población no minera (6).

Desde esta perspectiva, la salud mental de trabajador minero es de especial consideración, por el riesgo de accidentes de trabajo en este sector, en el que se verifican lesiones en trabajadores de alta severidad o con resultado mortal. Cabe mencionar que las estadísticas oficiales reflejan la causalidad atribuida en el ámbito laboral, por lo que se desconoce especialmente el efecto directo de aspectos de tipo extralaborales en la accidentalidad en este sector.

Por otro lado, en la evaluación de estresores de los instrumentos de medición de factores de riesgo psicosocial no solo se encuentran los de tipo ocupacional, sino también los de tipo no ocupacional. Ello puede orientar a la interpretación de los resultados de la aplicación de estos instrumentos, por lo que la sola atribución de la presencia de estresores de tipo laboral puede ofrecer limitaciones.

Así, la importancia de considerar la exposición de la población laboral minera al actual clima psicosocial de violencia social expresada en los acontecimientos de protesta política, constituye un alarmante aspecto creciente de factores estresores sociales que pueden incidir en la experiencia cotidiana del trabajador, tales como:

• La creciente, repetida e incidente difusión por medios de comunicación de las acciones más violentas de los protestantes que muestran actos vandálicos y de daño o agresión a la propiedad privada, publica y de otras personas.
• El bloqueo de carreteras, intimidación a conductores, ataque a vehículos de transporte de insumos, personal, así como extracción y robo en condiciones de su tránsito hacia y desde unidades mineras, con limitación y detención al flujo de personal y procesos operativos.
• Demora en el transporte colectivo del personal y de familiares.
• Incertidumbre laboral por la disminución o afectación de los periodos comprometidos de operaciones con empresas contratistas y con el titular de actividad minera.
• Dificultad en la habilitación y puesta segura de rutas alternas, así como de la necesidad de la trazabilidad de vehículos en el transito alternativo.
• Extensión requerida de las guardias como alternativa contingente al requerimiento del transporte terrestre.
• Requerimiento de procesos de bombeo para evitar inundación de labores.
• Actos de sabotaje o robo a partes de equipos y equipos esenciales, así como insumos clave en presas de relave, que afectan procesos diversos en mina con el riesgo potencial de ocasionar emergencias con resultados de orden catastrófico.

Por lo anterior, se aprecia con claridad que la afectación a la población en general incluyendo comunidades aledañas a instalaciones mineras, pero sobre todo al personal en este sector productivo, pone en grave riesgo a la seguridad la salud y la integridad del trabajador minero y sus familias; debido a:

• La ocurrencia de un incremento del nivel de riesgo operacional cuyos alcances en cuanto a controles de riesgo, podrían resultar insuficientes por el empleador en cuanto a alcance y ámbito de aplicación.
• El incremento del riesgo de pérdidas en operaciones y del riesgo de la sostenibilidad de estas en condiciones de paralización indefinida o suspensión de labores. 

Los efectos de los factores mencionados constituyen verdaderos estresores sociales que influyen de modo determinante en la esfera laboral, pero también en las familias de los trabajadores, de modo directo e indirecto, como ocurre en este último caso debido a la preocupación de dejar a sus familias en ciudades donde existen actos de violencia.

Los efectos crónicos de los factores de riesgo psicosocial son fatiga, depresión, estrés y síndrome de burn-out, lo cual puede asociarse al riesgo de incrementar errores en los operadores y consecuentemente, de ocasionar incidentes y sufrir accidentes de trabajo (7).

Pero en la situación actual se produce una exposición aguda con ansiedad individual y de equipos de trabajadores, con base a los acontecimientos mencionados, la cual también se expresa con resonancias en las interacciones personales en el trabajo. Entre otros, son evidencias de lo mencionado:

• La destrucción real o simbólica de elementos representativos de los valores de institucionalidad, propiedad pública y privada.
• Toma de espacios públicos y privados a través de actos individuales y colectivos violentos, sin responsabilidad de los grupos perpetradores sobre los mismos.
• La búsqueda legal de la ilegalidad como mecanismo de defensa y ataque políticos, sobre la base de la no interlocución.
• El deterioro de las ya inestables relaciones de confianza social y compromiso entre empresa, comunidad y estado, que suma a las promesas sociales no cumplidas.
• El desarrollo de un clima social de menor integración por objetivos sociales comunes con la puesta de una agenda política por grupos de interés.
• El desconcierto social general en asumir patrones de comportamiento en pro de mecanismos de solución a problemas crónicos de la sociedad peruana.

Mantener la salud mental del trabajador minero, así como el asegurar el desarrollo sostenible, es clave en la situación de conflictividad social en especial durante la expresión de la violencia social por los efectos que de modo directo e indirecto pueden ocasionar en la salud e integridad del trabajador, así como por las profundas implicancias en el equilibrio social y económico de regiones que precisamente presentan indicadores de desarrollo humano límites o por debajo de varias regiones América Latina (8).

Finalmente, cabe decir, como lo expresó el papa Francisco: “la violencia apaga la esperanza de una justa solución de los problemas.” (9) 

Asimismo, urge por una necesaria intervención por una sociedad justa y democrática en la que todas las voces sean escuchadas, todas las sangres representadas y todos los sueños, puestos en una sola agenda nacional.

Citas bibliográficas

1. Velásquez, T., Valdez, R., & Peters, K. (2012). Una propuesta de salud mental comunitaria frente a la violencia social. Revista de Ciencias Sociales, 25, 130-143.
2. Dahlberg, L. L., & Krug, E. G. (2006). Violence a global public health problem. Ciência & Saúde Coletiva, 11, 277-292.
3. Word Health Organization. Investing in mental health: Evidence for action. Geneva: World Health Organization; 2013.
4. WHO. Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice. Geneva: World Health Organization; 2005.
5. Zhang, Z. H., Li, R. H., & Li, D. F. (2018). Anxiety and depression status of coal miners and related influencing factors. Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases, 36(11), 860-863.
6. James, C., Tynan, R., Roach, D., Leigh, L., Oldmeadow, C., Rahman, M., & Kelly, B. (2018). Correlates of psychological distress among workers in the mining industry in remote Australia: Evidence from a multi-site cross-sectional survey. PLoS one, 13(12), e0209377.
7. Kim, H. C., Park, S. G., Min, K. B., & Yoon, K. J. (2009). Depressive symptoms and self-reported occupational injury in small and medium-sized companies. International archives of occupational and environmental health, 82(6), 715-721.
8. Ávalos, A. A., Torreblanca, F. A., & Mamani, F. H. (2020). Impacto de las transferencias por canon-regalías en el índice de desarrollo humano y la pobreza de los distritos del Perú: aplicación de la técnica de minería de datos. Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 8(2), 245-258.
9. Francisco I. Mensaje en la Oración Semanal del Ángelus. 22-01-2023.