En el marco del Foro de Tecnología, Innovación y Sosteniblidad de PERUMIN 37, la ingeniera Mirian Chipana presentó una investigación sobre gestión de riesgos críticos en seguridad para trabajadores de la pequeña minería artesanal (PMA) y pequeños productores mineros (PPM), haciendo hincapié en la necesidad de construir una cultura preventiva que proteja a miles de familias que dependen de esta actividad.
La especialista destacó que la intervención se organizó en cinco ejes: introducción, objetivos, recopilación de datos, análisis de resultados y conclusiones. Desde esa estructura, subrayó que la investigación se enmarca en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y en la Ley 27651 de formalización de la pequeña minería, encontrando como punto crítico la débil fiscalización que mantiene expuesto al sector a incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales.
Chipana identificó distintos tipos de riesgos que afectan de manera directa a los trabajadores, entre ellos:
- Riesgos físicos: derrumbes, caídas, exposición a ruido y vibraciones.
- Riesgos químicos: inhalación de polvo en etapas como perforación, chancado o transporte de minerales, además de la exposición a gases tóxicos y el uso de explosivos.
- Riesgos ergonómicos: posturas forzadas, manipulación y traslado de cargas pesadas.
- Riesgos psicosociales: tensiones laborales y falta de condiciones adecuadas para el bienestar de los trabajadores.
En este punto, la ingeniera resaltó la realidad de las mujeres pallaqueras, quienes enfrentan riesgos particulares derivados de sus labores en la selección y transporte de minerales, muchas veces en condiciones precarias y sin capacitación formal.
El estudio se planteó cuatro metas principales:
- Analizar los riesgos críticos de seguridad y salud ocupacional en la pequeña minería.
- Evaluar el cumplimiento del marco legal vigente.
- Identificar los riesgos específicos que enfrentan las mujeres pallaqueras.
- Proponer medidas de prevención y formalización adaptadas al sector.
La investigación comparó casos en Madre de Dios, Puno y Ayacucho, donde la minería artesanal tiene fuerte presencia, y elaboró cuadros estadísticos para medir la incidencia de riesgos físicos, químicos y ergonómicos. El estudio también contrastó las obligaciones establecidas en la Ley 29783 y normas complementarias frente a la realidad de campo, encontrando brechas significativas en la implementación de controles y fiscalizaciones.
Entre las conclusiones generales, Chipana enfatizó la urgencia de programas de capacitación específicos para pequeños productores, el uso obligatorio de equipos de protección personal (EPP), y el fortalecimiento del proceso de formalización como camino para mejorar la seguridad ocupacional.
Su exposición en PERUMIN 37 abrió un espacio de reflexión sobre la necesidad de lograr que la pequeña minería, fuente de sustento vital para miles de familias en el Perú, pueda desarrollarse bajo estándares de seguridad adecuados que prioricen la vida y la salud de sus trabajadores.
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