La empresa minera Poderosa confirmó el trágico fallecimiento de los 13 trabajadores que fueron secuestrados el pasado 26 de abril en la región de Pataz, La Libertad. A través de un comunicado oficial, la compañía informó que los cuerpos de los mineros fueron recuperados por la policía tras labores de búsqueda.
Según el documento emitido por la minera, los trabajadores fueron víctimas de «mineros ilegales coludidos con elementos criminales» que atacaron las operaciones de un «minero artesanal en proceso de formalización». La empresa expresó su profunda solidaridad con las familias de las víctimas ante esta «terrible pérdida». Asimismo, señaló con preocupación que este lamentable suceso eleva a 39 el número de «colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz, hoy convertida en un territorio sin ley».
Poderosa también informó sobre otro hecho de violencia ocurrido recientemente en una operación formal en Alacoto, Pataz, donde una incursión de mineros ilegales y grupos criminales habría resultado en la toma de instalaciones de una planta.
La minera señaló que este «espiral de violencia descontrolada» persiste a pesar de la declaratoria de estado de emergencia y la presencia policial en la zona. En ese sentido, reiteró su llamado urgente al Gobierno para que replantee su estrategia contra la criminalidad en la región y logre la captura de los responsables.
En su comunicado, Poderosa enfatizó la necesidad de fortalecer el trabajo de inteligencia y la coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. No obstante, cuestionó la falta de acciones concretas por parte de la policía para «ingresar e interdictar las bocaminas ilegales» donde se refugian y operan las bandas criminales, cuya ubicación, según la empresa, está plenamente identificada.
La compañía también dirigió críticas a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas por no atender sus solicitudes de exclusión de mineros informales e ilegales de sus concesiones. De igual manera, cuestionó las reiteradas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por parte del Congreso, al considerar que han servido como «manto protector» para la actividad ilegal.
Finalmente, el comunicado de Poderosa advirtió sobre el «ineluctable avance de la minería ilegal» en el país, calificándola como la «principal economía ilícita» con un «terrible rastro de violencia, contaminación y muerte». Ante esta situación, la empresa instó al gobierno, al sector privado y a la sociedad civil a «aunar esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes de que sea demasiado tarde».
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