El gerente general de Activos Mineros S.A.C. (AMSAC), Antonio Montenegro, planteó la urgencia de modernizar la Ley de Cierre de Pasivos Ambientales y la Ley de Cierre de Minas, marcos regulatorios que cuentan con más de dos décadas de vigencia y requieren adaptarse al contexto actual del sector minero peruano.
Durante su participación como panelista en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Montenegro explicó que estas normativas posicionaron inicialmente al país como referente ambiental regional, pero los avances tecnológicos y los nuevos desafíos nacionales demandan una actualización estratégica que permita abordar los problemas ambientales de manera más efectiva.
Desarticulación institucional dificulta gestión ambiental
El ejecutivo identificó la falta de coordinación entre organismos reguladores y fiscalizadores como uno de los principales obstáculos en la gestión de pasivos ambientales. La aplicación de normativas e instrumentos diferenciados por sectores, sin una visión integrada, genera demoras y dispersión de esfuerzos en los procesos de remediación, según advirtió el especialista.
Pasivos ambientales como oportunidad económica
Montenegro propuso replantear el enfoque tradicional sobre los pasivos ambientales, considerándolos no únicamente como problemas a resolver, sino también como fuentes potenciales de valor económico mediante el reaprovechamiento responsable de materiales o la implementación de mecanismos como obras por impuestos.
El experto enfatizó la importancia de establecer reglas claras que incentiven la participación del sector privado en procesos de remediación voluntaria, incluyendo la definición de responsabilidades y garantías de estabilidad técnica y legal. Adicionalmente, señaló que la rigidez normativa actual limita el acceso a cooperación y financiamiento internacional, restringiendo las alternativas de financiamiento exclusivamente al canal gubernamental.
Alicia Nancy quispe Yauri dice
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