La Columbia Británica (BC) se está quedando atrás con respecto a otras jurisdicciones en Canadá y el resto del mundo, según el análisis de expertos a la primera auditoría de códigos de requerimiento para las instalaciones de almacenamiento de relaves en la región canadiense.
Las recomendaciones del informe se basan en cómo mejorar las leyes y regulaciones existentes sobre la seguridad de los desechos mineros para proteger a las comunidades y el medio ambiente.
«Hacemos recomendaciones en ocho áreas clave para actualizar y fortalecer las regulaciones de Columbia Británica sobre la seguridad de los desechos mineros para cumplir con las mejores prácticas y los estándares internacionales», dijo el Dr. Steven Emerman, autor principal de «Bridging the Gap».
El informe, elaborado por la red BC Mining Law Reform y MiningWatch Canada, tiene por objetivo informar al gobierno de Columbia Británica y al Comité de Revisión del Código ministerial que actualmente revisa el Código de Salud, Seguridad y Recuperación para Minas en la Columbia Británica.
“BC se promociona a sí misma como una jurisdicción minera responsable, implementando las mejores prácticas y los más altos estándares internacionales”, dijo Ugo Lapointe, representante de BC Mining Law Reform y MiningWatch Canada. “Pero la realidad es que todavía tenemos leyes desactualizadas que no protegerán adecuadamente a las comunidades o al medio ambiente de los desastres de desechos mineros como vimos con la ruptura de la represa de la mina Mount Polley en 2014”, que afectó kilómetros de bosques y hábitats tras el derrame de 24 mil millones de litros de desechos sólidos y líquidos.
Más de siete años después, las comunidades y el medioambiente todavía están en riesgo por las fallas de los desechos mineros en la Columbia Británica. Por esta razón, los expertos del sector recomendaron los siguientes puntos en la legislación de BC:
- Priorizar la seguridad por encima de las consideraciones de costo en el diseño, construcción, operación y cierre de las instalaciones de desechos mineros.
- Exigir el consentimiento indígena y de la comunidad antes de construir, ampliar o cerrar instalaciones.
- Prohibir las instalaciones ubicadas inmediatamente aguas arriba de las comunidades y los ecosistemas sensibles.
- Prohibir el uso de represas aguas arriba, especialmente en áreas sísmicas y de alta precipitación.
- Ordenar las mejores tecnologías y prácticas disponibles, incluida la ausencia de agua superficial y el uso de relaves filtrados.
- Diseñar instalaciones para resistir los eventos meteorológicos y sísmicos más extremos.
- Exigir garantías financieras completas para el cierre del sitio y los costos posteriores al cierre, así como un seguro financiero completo para daños accidentales.
- Requerir rendición de cuentas, transparencia y divulgación pública sobre los riesgos de los desechos mineros.
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