María Eulalia Silva, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, saludó que el gobierno central declarara la minería informal como una amenaza para la seguridad del Estado. Solicitó además que las autoridades judiciales se sumen a la causa.
«Se deben establecer zonas de seguridad cerca de los distritos mineros. Esto no significa que se violarán derechos humanos, sino que se protegerá a las comunidades de estas áreas. Tampoco significa que la policía se convierta en empresas de seguridad para las empresas mineras legales”, declaró en conferencia de prensa.
Silva insistió con que los recursos del subsuelo son del Estado ecuatoriano y es este el responsable de administrarlos, en respuesta al Frente Nacional Antiminero que anunció acciones para acabar con la presencia de la fuerza pública estatal en sus territorios donde hay proyectos mineros legales.
“Estos recursos se convierten en bienestar, en impuestos y al ser explotados ilegalmente se los están robando al Estado, a todos los ecuatorianos. La minería ilegal opera sin ningún tipo de licencia social o ambiental. La minería ilegal está creando pasivos ambientales enormes”, agregó.
La representante del Cámara de Minería del Ecuador concluyó con que la minería ilegal también afecta a su sector de forma directa debido a los pasivos ambientales que deja y que están siendo imputados a las empresas formales. “En un país donde la minería ilegal es nueva hay mucho desconocimiento. Los recursos minerales van a ser explotados, la pregunta es ¿cómo queremos que sean explotados?”.
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