Según una columna de opinión de Walter Javier Muñoz Rojas, Vicepresidente de la Cámara Minera de Chile, la industria minera del país enfrenta desafíos regulatorios, tecnológicos y humanos que requieren respuestas integradas más allá de la fiscalización tradicional. La propuesta plantea complementar las funciones de SERNAGEOMIN con un Instituto de Investigación Minera (IIM) público-privado, un equipo nacional de rescate minero mandatado por el Estado y una reforma de la legislación de seguridad que equilibre obligaciones y apoyo entre pequeña, mediana y gran minería.
Muñoz Rojas argumenta que la complejidad de la industria, caracterizada por la coexistencia de grandes proyectos y minería artesanal, exige capacidades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y respuesta operativa nacional que actualmente están limitadas dentro del marco institucional existente.
Creación de Instituto de Investigación Minera con autonomía técnica
La columna propone transformar a SERNAGEOMIN en el eje regulador y de fiscalización, apoyado por un Instituto de Investigación Minera con autonomía técnica y capacidades de I+D aplicadas. Las funciones del IIM incluirían investigación de técnicas de explotación con foco en seguridad laboral, comunitaria y ambiental; desarrollo y validación de protocolos de ventilación, estabilización de taludes y macizos rocosos, gestión de aguas y control de polvo en condiciones locales; ensayos y certificación de equipos en alineamiento con estándares internacionales del ICMM e ISO; y transferencia tecnológica con capacitación para empresas de todos los tamaños.
Según el autor, esto acortaría la brecha entre normativa y tecnología, generaría evidencia para actualizar protocolos, fomentaría innovación local y reduciría riesgos operacionales. La propuesta contempla establecer comités técnicos mixtos entre SERNAGEOMIN, el IIM, academia, operadores y gremios mineros para actualizar guías técnicas y lineamientos de cumplimiento con KPI medibles y evaluaciones periódicas.
Equipo nacional de rescate minero con despliegue transversal
Muñoz Rojas considera imprescindible crear un equipo especializado, equipado y desplegable a nivel nacional para emergencias mineras, integrado por profesionales entrenados y coordinado con servicios de emergencia regionales, que pertenezca al IMRB (Organismo Internacional de Rescate Minero). El modelo propuesto incluye una unidad técnica central con brigadas en zona norte y sur; interoperabilidad con bomberos, ONEMI y hospitales; entrenamiento continuo con simulacros multisectoriales; y plataforma de logística para despliegue rápido.
El financiamiento propuesto combina recursos estatales iniciales con co-participación de la industria mediante un fondo de emergencia. El valor agregado señalado incluye respuesta más rápida y profesional en siniestros, reducción de pérdidas humanas y experiencia práctica que retroalimenta protocolos de prevención.
Legislación diferenciada para pequeña minería con apoyo estatal
La columna advierte que las normativas uniformes pueden imponer cargas desproporcionadas a la pequeña minería, fomentando informalidad o incumplimiento. La propuesta mantiene estándares mínimos obligatorios para seguridad y salud, pero establece escalas de cumplimiento y plazos realistas según tamaño y riesgo operativo.
El modelo contempla programas estatales de apoyo técnico con capacitaciones regulares, asesorías in situ por expertos en seguridad y provisión o cofinanciamiento de equipos críticos como sistemas de ventilación, sensores y EPP avanzados. Incluye líneas de crédito y subsidios técnicos vinculados a planes de mejora de seguridad validados por el IIM y SERNAGEOMIN, además de incentivos regulatorios y económicos para pequeños mineros que adopten prácticas seguras y sostenibles.
La gobernanza propuesta contempla un comité público-privado para supervisar la creación del IIM y del equipo de rescate, con representación técnica tripartita entre Estado, industria y trabajadores. El financiamiento combinaría presupuesto público, aportes de la industria mediante canon específico o contribución obligatoria por tonelada/valor, y convenios internacionales. Las métricas de evaluación incluyen reducción de incidentes y fatalidades, tiempos de respuesta en rescates, número de tecnologías certificadas, adopción en pequeña minería e índices de formalización.
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