El Presidente del Consejo Directivo del OEFA, Hugo Gómez, destacó durante su presentación en la 32 Convención Minera PERUMIN, un mayor cumplimiento de las obligaciones ambientales de las principales empresa mineras durante los dos últimos años (2013 – 2014).
Entre los resultados del mayor cumplimiento, Gómez manifestó que existe una reducción en un 25% de los hallazgos detectados en las supervisiones y de un 33% de las imputaciones promedio por procedimiento administrativo sancionador.
Durante su exposición también destacó la imposición de 400 medidas correctivas durante el 2015, y que de cada 100 supervisiones realizadas por el OEFA, menos de 2 terminan en una sanción firme.
Recordó que hace dos años presentó, en la última Convención Minera PERUMIN, un nuevo modelo de gestión para el organismo fiscalizador, donde quedó claro que el OEFA no es enemigo de la inversión privada, sino que el objetivo es consolidar una inversión responsable con el ambiente.
En ese contexto, mencionó a las empresas mineras inscritas en el Registro de Buenas Prácticas Ambientales del OEFA: Compañía de Minas Buenaventura, Louis Dreyfus Commodities Metals Perú, Reliant Ventures, Apurímac Ferrum, Bear Creek Mining Company, Sucursal del Perú y Exploraciones Collasuyo.
El grupo también lo conforman Sociedad Minera Cerro Verde y Compañía Minera Antapaccay, quienes también postulan al Premio Qumir Rapi, el cual busca otorgar incentivos a las empresas que superan lo exigido en la normativa ambiental y/o en sus compromisos ambientales, con el fin de proteger el ambiente.
El Presidente del Consejo Directivo del OEFA recordó que para el 2016 la alícuota del Aporte por Regulación del sector minero se reducirá al 0.13% de la facturación anual menos impuestos y, adicionalmente, afirmó que se está evaluando una disminución para el año 2017, considerando el mayor cumplimiento de las obligaciones ambientales que las principales empresas mineras han tenido en los dos últimos años (2013 – 2014).
Gómez finalizó su exposición indicando que el OEFA no busca que la fiscalización ambiental signifique un sobrecosto para las empresas, que desincentive la inversión o que afecte la competitividad económica. Lo que se busca es una fiscalización eficiente y oportuna que logre generar confianza en la población, lo que permitirá disminuir la conflictividad social y así promover nuevas inversiones.
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