En España, la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027 tuvieron una cita a inicios de diciembre para revisar los avances en los compromisos contemplados en el Acuerdo Marco.
La coordinación contó con la participación de Laura Martín Murillo, directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO de Industria), Unión General de los Trabajadores (UGT-FICA) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).
«Lo importante es que el Acuerdo de la Minería avanza en todos sus elementos. Hay avances en todos los puntos del acuerdo marco, el plan social, la restauración, la orientación, formación e integración laboral de los trabajadores excedentes de la minería, y en las medidas destinadas al impulso de la reactivación en las comarcas mineras. El impulso en la creación de empleo en estas zonas es importante, dinamizando gracias a ayudas a empresas, restauración e infraestructuras”, precisó la representante de ITJ.
Dentro de los logros más recientes de la iniciativa, destaca el compromiso de Castilla y León por la restauración ambiental de zonas afectadas por explotaciones mineras de carbón cerradas en las comarcas leonesas de El Bierzo y Laciana. Con un presupuesto de ejecución de 69,9 millones de euros, las autoridades rehabilitarán 1062 hectáreas de terrenos y creará de 180 a 192 puestos de trabajo al año hasta 2025, que emplearán excedentes mineros y población local.
Cabe precisar que el convenio está incluido en el Componente 10 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dedicado a la transición justa y representa un 45% de los 150 millones presupuestados este año para la restauración ambiental de terrenos degradados por la minería de carbón. El Instituto para la Transición Justa (ITJ) canalizará 67,9 millones con cargo al PRTR y el resto procederá de los avales depositados por las empresas mineras.
Las subvenciones permitirán financiar la restauración de explotaciones, de las que las comunidades autónomas son responsables subsidiarias, después de que las empresas mineras cesaran su actividad en diciembre de 2018 sin llevar a cabo sus compromisos ambientales, ni poder canalizar subvenciones por hallarse en situación concursal o liquidación.
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